Por Humberto Acciarressi
Hace unas semanas, en esta misma columna, nos referíamos a una de las calamidades de la Argentina con el título "Los asesinatos viales no le interesan a la política" y señalábamos que en estadísticas que llegan hasta enero de este año, los muertos en accidentes de tránsito arriban a los 21 diarios y a los 634 mensuales, según los informes de la asociación civil Luchemos por la Vida. Alli, entre otras cosas, mencionábamos a los asesinos viales que esperan el juicio en libertad, que luego reciben la menor de las penas (lo que les permite mantenerse libres o arreglar la cuestión con una probation) y para colmo no encuentran ningún impedimento para seguir conduciendo. Casi coincidiendo con esas líneas, en la localidad de Haedo se produjo el terrible accidente en el que un Nissan Tiida color champagne conducido por Diego Nicolás Cuevas atropelló a un grupo de jóvenes que retornaba de un baile en Ramos Mejía, y mató en el acto al adolescente de 16 años Lautaro Juárez.
En tanto, testigos, policías y hasta cámaras viales, dieron cuenta de que este asesino al volante venía corriendo picadas, y, según el fiscal de la causa, Alejandro Jons, actuó "con desprecio por la vida". Enseguida se supo que el conductor y sus acompañantes venían alcoholizados y, por lo menos dos de ellos, habían consumido marihuana. Ahora, a tres semanas del crimen vial, acaba de morir otro de los jóvenes atropellados, José Manuel Lastra, de 16 años, con lo cual los fallecidos suman dos e igual número de chicos permaneces internados en grave estado. Entre una muerte y la otra, el juez de la causa, Alfredo Meade, en el ejercicio de la llamada "sana crítica", dejó libre al asesino sin impedirle conducir -lo que si hizo el municipio de Haedo-, al recaratular la causa y pasarla de "homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves" a "homicidio culposo”. El magistrado, al que se le pidió juicio político y es objeto de los más razonables repudios de parte de la sociedad, además añadió que esta bestia que venía corriendo picadas "no tuvo intención de matar". Como el juez tomó esas medidas antes de conocer las pericias o escuchar testigos claves, su "sana crítica" adolece de toda sanidad y es enfermizamente lamentable.
Pero la cosa no terminó. En las últimas horas, se supo que la sangre que le sacaron a Cuevas para analizar, no podrá aportar nada ya que fue "neutralizada con agua", lo que apenas dejó una cantidad de hematocritos no compatibles con una persona viva. En tal sentido se supo que la muestra llegó a La Matanza y de alli a La Plata, sin la debida cadena de custodia y sin seguir ninguno de los protocolos. Y esto fue informado por la propia jefa de peritos de la policía de la provincia de Buenos Aires a la fiscal de Morón Valeria Courtade. Esta falta gravísima, de acuerdo a uno de los querellantes, no se debe a negligencia sino a una adulteración lisa y llana. Lo concreto es que ahora no podrá saberse si Cuevas, cuando atropelló a los siete jóvenes, iba alcoholizado y/o había consumido marihuana. Hasta el momento, como ya señalamos, los fallecidos son dos. Esperemos que la cifra trágica no aumente. Mientras, el asesino vial camina tranquilo por la calle y los legisladores argentinos -diputados y senadores- están más preocupados en las alianzas para las próximas elecciones.
(Esta columna fue publicada en el diario La Razón y también podés leerla acá)
